Un indispensable debate sobre los servicios de
telefonía e Internet en Argentina
La noche del viernes se caracterizó por la sorpresa generada por la serie de Tweets del Presidente de la Nación en los que explicaba la resolución emitida mediante el Decreto 690/2020 que declara los servicios TIC como servicio público en competencia. Es sabido que el contexto de pandemia puso sobre la mesa una situación de profunda inequidad en el acceso a tecnologías de información y comunicación que se tornan hoy indispensables para el pleno ejercicio de derechos fundamentales entre los que se destacan no sólo la libertad de expresión y de acceso a la información, sino en esta coyuntura el derecho esencial a la educación y al trabajo.
Es importante mencionar que no compartimos la metodología del DNU para tramitar un tema tan complejo como la regulación de Telecomunicaciónes, sin embargo comprendemos no sólo el apremio sino además la dificultad que plantea un tema como este a la hora de construir consensos. Las telecomunicaciones son un terreno de ardua disputa de intereses, con jugadores poderosos de la construcción de opinión pública, que lamentablemente lleva años de discusión sin que Argentina pueda darse una regulación de telecomunicaciones moderna y apropiada para subsanar los históricos problemas de costos, calidad de servicios y concentración que arrastramos hace décadas.
El decreto no trae grandes novedades, sino que repone algunas previsiones que habían sido incorporadas originalmente en la Ley Argentina Digital, sancionada en 2014, modificada por el ex Presidente Mauricio Macri como una de sus primeras medidas de gobierno. Tan crucial es el tema, que Macri dedicó a esta cuestión el decreto 267/2015, a muy pocas horas de asumir la presidencia.
Como ya mencionaron varios académicos durante el fin de semana, la declaración de servicio público para la telefonía móvil y los denominados servicios TIC implica una consagración del derecho fundamental a comunicar, razón por la cual en su momento, la propia CIDH intervino para instar a la gestión anterior a reponer los derechos adquiridos por la ciudadanía y borrados de un plumazo con el decreto 267.
Argentina no sólo tiene un servicio de Internet deficiente y caro, sino y especialmente, concentrado y extremadamente desigual.
Esta iniciativa, que debería ser tratada pronto en el Congreso, repone parte de esos aspectos, y en particular recupera para el Estado ciertas potestades regulatorias propias de un sistema de servicio público, que valga la aclaración, dista mucho de ser una estatización o una toma de control público de las empresas privadas (como algunos sectores trataron de hacer creer al público incauto durante el fin de semana).
El flamante DNU establece que los servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. Esto significa que las empresas licenciatarias pueden fijar precios "justos y razonables que deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación", pero que la autoridad de aplicación tendrá un rol clave a la hora de regularlos.
Los servicios de telefonía móvil serán a partir de ahora servicios públicos bajo la regulación de ENACOM. Muchos legisladores de diversa extracción política venían presentando proyectos en ese sentido, ya que la telefonía fija es servicio público desde la privatización de Entel en la década del 90. No parece haber justificación para diferenciar los servicios móviles de la regulacion general de la telefonía.
Más allá de nuestro acuerdo general con el espíritu del decreto, desde Vía Libre entendemos que las regulaciones de telecomunicaciones requieren un debate amplio y consensos sólidos que permitan construir servicios públicos a la altura de la importancia que este sector tiene para el pleno ejercicio de derechos de la ciudadanía.
En el año 2014, frente al Senado Nacional, sostuvimos la indispensable necesidad de actualizar el marco regulatorio de las Telecomunicaciones en Argentina. En aquel entonces, y mientras se debatía el proyecto de Argentina Digital fuimos enfáticos en la necesidad de tener una regulación ajustada a la importancia del campo, alejada de cualquier doctrina de la seguridad nacional como la imperante en la vieja ley de 1972, cuando los servicios móviles y de Internet estaban todavía muy lejos de llegar a la ciudadanía.
El debate de Argentina Digital constituyó una oportunidad importante para dar ese debate, pero la ley resultante estaba plagada de inexactitudes y problemas que todavía se arrastran. La difusa definición de Servicios TIC hace que hoy, por ejemplo, nadie tenga del todo claro si la TV paga o la TV satelital están incluidas como servicio público en competencia o no. También queda de manifiesto el problema severo de mezclar en una misma ley la regulación de infraestructura y la regulación de contenidos. Los servicios TIC no son sólo los servicios móviles y de Internet, un sin fin de aplicaciones y otros servicios aparecen asociados a esa figura y regulados de la misma forma que las grandes empresas de telecomunicaciones.
Al igual que en 2014 hacemos nuestra la intención de consagrar como servicio público estos servicios esenciales para el pleno ejercicio de otros derechos, la necesidad de garantizar servicios asequibles a toda la ciudadanía, la urgente aplicación de una política que potencie y mejore el alcance de la conectividad a todos los sectores, especialmente los más relegados social, económica y geográficamente.
Finalmente, vamos a repetir exactamente lo que dijimos en 2014 en ocasión del debate sobre Argentina Digital, una ley que junto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue desguazada por Decreto por la gestión de Mauricio Macri en un clarísimo retroceso de una situación que estaba lejos de ser la ideal para la ciudadanía de Argentina.
El DNU emitido este viernes, firmado por todo el gabinete nacional, demuestra que la política de telecomunicaciones no es ajena al interés de esta gestión. Sin embargo, es fundamental la planificación de una política pública que no sólo se construya en consensos sino que sea resiliente más allá de las diferentes administraciones.
Persisten aún problemas heredados de Argentina Digital: Una autoridad de aplicación con un nivel de discrecionalidad alto que da lugar a los vaivenes de los que hemos sido testigos en los últimos años, una ausencia total de autoridades de control independiente, profesional, colegiada, un contexto de alta concentración de prestadores de servicios, con una integración vertical y un poder de mercado que impacta en forma sistemática en todos los aspectos, incluyendo no sólo los derechos del consumidor sino en libertad de expresión y derecho de la competencia.
Finalmente, el Decreto viene a reponer los magros avances obtenidos en la ley de 2014 y vuelve a echar luz sobre la necesidad de que nuestro país pueda dotarse de una regulación de telecomunicaciones moderna, garante de derechos, promotora de la competencia y la innovación y fundamentalmente apropiada para los tiempos que corren.
Beatriz Busaniche
Fundación Vía Libre
