Volver a las fuentes. Hacia una política de autonomía basada en Software Libre
Ayer 4 de octubre se cumplieron 35 años de la fundación de la Free Software Foundation, una organización creada en los años 80 por Richard Stallman, a quien le debemos buena parte del desarrollo de una filosofía de autonomía y libertad vinculada al software. Nunca está demás recordar ese concepto que da origen a buena parte del recorrido de nuestra organización también, el software libre se trata de la libertad de las personas frente a los programas de computación, libertad de usarlo para cualquier propósito, de estudiar cómo está escrito y adaptarlo a las propias necesidades, libertad de hacer y distribuir copias, libertad de distribuir y compartir esas obras derivadas de ese software.
Este concepto simple y práctico establece una forma de mirar el mundo de las computadoras que es indispensable recordar, reconocer y recuperar a la luz del estado actual del debate sobre las tecnologías que determinan cada vez más la vida social.
La celebración de un nuevo aniversario de la Free Software Foundation nos ofrece una oportunidad interesante para recuperar algunos conceptos elementales que se desprenden de aquella definición de software libre que tantas veces hemos repetido a lo largo de los últimos 20 años en Vía Libre. No se trata sólo de programas de cómputo, sino y fundamentalmente, de establecer nuevas formas de pensar la regulación del conocimiento.
Es por eso que cualquier discusión sobre software libre nos lleva irremediablemente a hablar de propiedad intelectual, porque la concepción filosófica del software libre se basa justamente en debatir la problemática vigente de los actuales sistemas de gestión y apropiación de bienes intangibles. En una mirada que se adelantó a lo que vendría después, el movimiento de software libre construyó un paradigma de conocimiento centrado en la libertad y la autonomía de las personas en directa relación con la construcción colectiva de conocimiento. No se trata de libertades individuales estrictamente, sino de asegurar libertades que sólo son factibles en la colectividad.
En tiempos de Covid 19, con la masiva penetración de las tecnologías de información y comunicación y la necesidad urgente de informatizar la gran mayoría de las relaciones humanas, desde los afectos hasta la educación y el trabajo, la necesidad de reconstruir y promover un activismo centrado en los valores del software libre se torna urgente.
Esos valores son los que nos permiten afirmar que el interés público siempre debe estar por encima de los intereses particulares sostenidos en sistemas de propiedad intelectual que son fuertemente restrictivos, como la ley 11.723 de Argentina y tantas otras legislaciones que no contemplan flexibilidades indispensables en los tiempos que corren: bibliotecas, estudiantes de todo nivel, investigadores académicos, docentes universitarios, personas con diversos tipos de discapacidades y miles de personas que necesitan acceso y sólo pueden tenerlo incumpliendo la ley. Esta situación nos insta a repensar la regulación de propiedad intelectual desde una perspectiva de bien público.
Pero los conceptos filosóficos que aprendimos quienes nos formamos en la concepción del software libre van aún más allá y es por eso que se torna ineludible referirlos a otras áreas sustantivas de la vida social hoy. Mientras escuchamos como tendencia una reivindicación de la soberanía tecnológica para nuestros países, en particular para nuestra región, vemos con desazón que la hegemonía del software privativo sigue siendo la norma.
Los mismos modelos de servicios presentados como gratuitos para determinados sectores clave de la vida pública (vale citar el acuerdo de la Universidad de Buenos Aires para el uso de Teams en todas sus facultades) siguen vigentes, como aquella recordada Alianza por la Educación que en el año 2003 el Ministerio de Educación de Argentina firmó con la empresa fundada por Bill Gates. A eso se suman las alianzas con nuevos actores, como el convenio que la Universidad Nacional de Córdoba firmó con Google para proveer servicios de video llamada para las clases por una módica suma de dólares impagable para un presupuesto en crisis. La historia se repite y nada cambia, sólo pasan los años y las oportunidades se diluyen entre nuestras manos. Eso si, el discurso de la soberanía sigue firme sin que se debata en profundidad qué significa en el campo de las tecnologías de la información y comunicación.
El discurso de la soberanía tecnológica promete convertirse en uno más de tantos significantes vacíos si no se adoptan políticas públicas de largo plazo que permitan desarrollar dos aspectos esenciales sin los cuales la soberanía no es más que una palabra de moda afín con algunas líneas ideológicas: Desarrollo de Autonomía y Desarrollo de Capacidades. No existe soberanía sin desarrollo de capacidades, sin la cual, la autonomía será difícil de alcanzar a nivel tanto social como individual.
El concepto de soberanía puede aparecer tentador en un contexto global en el cual el modelo de la internet controlada y fragmentada de China aparece como el futuro, en el que la estrategia de la 'Clean Network' del Departamento de Estado de los EEUU promete fijar barreras comerciales y de conexión con el mundo y donde la fragmentación de la red promete ser ese futuro en el cual se vuelve a pensar en el control por parte de los Estados Nacionales, lo que en muchos casos redundará en censura y control por parte de estados reñidos con los Derechos Humanos. Sin embargo, no hay que caer en la trampa de que toda regulación por parte de los Estados redundará en mecanismos de censura y control necesariamente. La regulación del Estado es indispensable para garantizar el pleno ejercicio de los Derechos Humanos, del Estado depende la consolidación y defensa de esos derechos y por lo tanto, no se puede abdicar de la responsabilidad. Menuda contradicción aparece por delante.
¿Queremos una Internet regulada por cada estado, fragmentada, controlada? O ¿Queremos una "Internet Libre" (entre comillas) donde los Estados renuncian a su rol de regulador y dejan librada al mercado la gestión de una de las infraestructuras centrales de la vida pública?
Las preguntas son deliberadamente tramposas y suponen una dicotomía que, no por falsa, es menos usada. No queremos una Internet en la cual el Estado sea el único regente pero tampoco una red dominada por un puñado de corporaciones que sólo responden a sus accionistas. Pero para salir de esa falsa dicotomía es menester construir capacidades reales que nos permitan desarrollar y consolidar espacios de autonomía. En ese sentido, es urgente pensar políticas que aborden al menos tres temas nodales: las regulaciones de propiedad intelectual, las políticas de defensa de la competencia y los estándares de los cuales depende la interoperabilidad.
El Software Libre nos ha enseñado mucho en esa materia, nos ha enseñado que es indispensable construir un modelo de propiedad intelectual flexible y abierto que posibilite el desarrollo, el aprendizaje, la participación y el pleno control sobre el conocimiento producido. A su vez, nos recuerda y enfatiza que la interoperabilidad es un elemento central para que contemos con las libertades plenas para dirimir qué tecnologías queremos adoptar, desarrollar, usar y compartir. A eso es clave analizar la problemática de la concentración, los monopolios y las políticas de defensa de la competencia que han perdido fuerza en las últimas décadas y permitido el crecimiento monumental de corporaciones en todos los ámbitos de la economía global, no sólo en la industria tecnológica que podemos afirmar es una hija más de estos procesos de hiperconcentración del capital.
No se trata de cerrar las fronteras en un campo que es eminentemente global, sino de contar con las herramientas básicas que nos permitan discernir estratégicamente en los conflictos y promover la autonomía con un urgente fortalecimiento de las capacidades locales, nacionales, regionales.
El movimiento de Software Libre lleva años trabajando lentamente en esos pasos. Sin Estados que adopten medidas apropiadas en este sentido, la autonomía en materia tecnológica será cada vez más difícil de alcanzar.
Saludamos a la Free Software Foundation en sus 35 años de existencia. Todavía falta mucho, muchísimo para cumplir aquella misión de promover software libre para una sociedad libre.
Beatriz Busaniche
Fundación Vía Libre
