Sobre los límites en el uso de la tarjeta SUBE y el control del sistema de transportes en la pandemia
En los últimos días nos hemos visto desbordados de noticias y anticipos de medidas de acción para contener el avance de la pandemia de COVID-19. Sabemos que los gobiernos de todo nivel, desde el nacional hasta los gobiernos locales, están trabajando intensamente en arbitrar las medidas más apropiadas para contener el avance de los casos por un lado y flexibilizar algunas actividades por el otro. Desde nuestro lugar, estamos cooperando en la medida de nuestras posibilidades en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones de tecnologías, el debate sobre propiedad intelectual y la protección de datos personales en todo nivel.
Es desde este lugar que queremos fijar posición frente a dos medidas que se barajan en las últimas horas y que tienen que ver con el uso de la tarjeta SUBE en el transporte público y los turnos para abordar los trenes interurbanos que unen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con diversos municipios del AMBA.
Sabemos y comprendemos plenamente que uno de los problemas centrales que hay que atacar es el hacinamiento en el transporte público y por lo tanto es indispensable reservar su uso a las tareas esenciales. Sin embargo, consideramos desproporcionada la iniciativa tendiente a bloquear el uso de la tarjeta SUBE para quienes no califiquen en ese grupo.
Desde que se habilitó el uso de la tarjeta SUBE hace casi una década, advertimos enfáticamente que la nominación de las tarjetas de transporte suponía una amenaza a la privacidad y la libre circulación de las personas. Se nos tildó de exagerados, de paranoicos, entre muchos otros calificativos que no nos interesa ni recordar. Sin embargo, el tiempo nos dio la razón. La base de datos de la tarjeta SUBE se filtró y se hizo prácticamente pública varias veces. Pero no sólo hubo problemas de seguridad en el cuidado de los datos personales de los usuarios. El allanamiento del domicilio de Javier Smaldone en CABA nos ofreció la oportunidad de ver cómo se arma una causa a una persona para tratar de vincularla con un hecho delictivo con el que no tuvo nada que ver. En el expediente que el propio Javier hizo público se ve a las claras cómo las fuerzas de seguridad solicitaron los registros de la tarjeta SUBE para trazar sus movimientos. Este es sólo un caso conocido por nosotros. No dudamos de la existencia de otros similares, ya que parece ser una acción bastante común en este tipo de investigaciones.
Una vez más vamos a repetir casi como un mantra la expresión acuñada por Shoshana Zuboff: 'Toda tecnología que pueda ser usada para la vigilancia, será usada para la vigilancia'. Nominar la SUBE es una mala idea, es un problema de privacidad y tiene consecuencias sobre la libertad y los derechos de las personas. Lamentablemente, la cadena siempre se corta por lo más delgado y son los sectores populares, el personal de casas particulares, las y los beneficiarios de programas sociales, las y los niños, niñas y adolescentes que usan boletos escolares, los que no pueden darse el lujo de cuidar su privacidad y están obligados a nominar la tarjeta. Cuidar la privacidad es costoso y un lujo imposible para buena parte de la ciudadanía en sociedades desiguales.
La propuesta de bloquear la tarjeta para quienes no son personal esencial se inscribe en esta misma línea de acciones desproporcionadas que afectan al sector más vulnerable de nuestras sociedades: mujeres que deban salir en busca de ayuda ante un caso de violencia, personas que deben viajar a buscar medicación o insumos básicos, personas con problemas de salud que no se atienden en la emergencia de un centro médico pero que requieren una visita médica regular que no pueden suspender, trabajadores informales, empleados de sectores no esenciales que se vean obligados a asistir a sus trabajos sin que sus empleadores prevean otros medios de transporte. Si, entendemos la necesidad de descongestionar los servicios de transporte público. Si, entendemos la urgencia de tomar medidas para contener la diseminación de casos que además está impactando severamente en esas mismas poblaciones en situaciones extremas de vulnerabilidad.
Lamentablemente vivimos en un momento de la historia en el que ante cualquier problema la primera solución siempre parece ser una app o un recurso informatizado. Muchas veces este tipo de propuestas generan más problemas que las supuestas soluciones que prometen y en ese afan de 'hacer algo' perdemos de vista otras potenciales soluciones más prácticas pero menos marketineras.
En su momento, se justificó la incorporación de la SUBE afirmando que la información recolectada iba a servir para mejorar todo el sistema de transporte público, ya que se iba a contar con muchos datos que permitirían rediseñar frecuencias, fortalecer áreas críticas y mejorar el régimen de subsidios. Nada de esto ocurrió y años después de implementada la medida seguimos sufriendo las mismas flaquezas del sistema.
No todos tenemos cajeros automáticos, mercados y farmacias en cercanía. No todos tenemos un auto estacionado en la puerta o recursos para pagar un taxi. No todos tenemos quién nos haga las compras o gestione nuestras necesidades fundamentales en estos días de aislamiento social obligatorio. El colapso del transporte público es otro de los temas críticos indispensables a resolver y que la crisis de COVID-19 no hace más que poner una vez más sobre la mesa.
La nominación de la SUBE y la captura masiva de datos de cada persona que viaja demostró ser ineficiente para fortalecer y mejorar el sistema. Bloquear el uso de la tarjeta ante esta crisis no parece ser la excepción a esta regla.
Beatriz Busaniche
Fundación Vía Libre