El derecho de autor ante la emergencia y el aislamiento
Un grupo de Facebook de intercambio de lecturas, recomendaciones, sugerencias y si, por supuesto, .pdfs. Una comunidad de twitteras compartiendo lecturas en voz alta de grandes obras de la literatura. Estudiantes de todos los niveles pasándose capturas de páginas de libros que no llegaron a comprar y necesitan para sus cursadas. Docentes pasando bibliografía digitalizada a estudiantes.
El mundo de la pandemia se parece bastante a la peor pesadilla de aquellos que durante décadas nos llamaron 'piratas'.
Si algo ha desnudado esta situación (Además de las almas humanas, al decir de Albert Camus) es la necesidad urgente de salir del closet de la copia ilegal. Si, copiamos ilegalmente. Si, pasamos bibliografía a nuestros estudiantes. Si, leemos en voz alta. Si, recomendamos libros (y los pasamos en formato digital a otras personas). Si, somos delincuentes.
La copia no autorizada es un delito penal en Argentina. Así lo dicen los artículos 71 y 72 de la ley de propiedad intelectual vigente, la 11.723.
La Asociación de Bibliotecarios Graduados de la República Argentina consultó a la Dirección Nacional de Derechos de Autor si podía, en situación excepcional, hacer uso de las inexistentes flexibilidades disponibles para que las personas que trabajan en bibliotecas pudieran seguir cumpliendo su función central de disponibilizar el conocimiento, la cultura, los materiales de investigación, todo aquello que custodia y divulga una biblioteca.
La respuesta recibida no les sorprenderá: Las flexibilidades en materia de propiedad intelectual son posibles, pero esto sólo puede ser regulado por una ley aprobada en el Congreso. Ante la inexistencia de esa ley, la DNDA no puede por medio de resoluciones modificar el status quo vigente. Ante la inexistencia de una ley (que venimos pidiendo desde hace décadas), la política pública es ir a pedir permiso a las entidades que nuclean a los editores y otros titulares de derechos. Es decir, la política pública argentina sigue siendo consultar al sector privado que maneja la propiedad intelectual como si esto fuera efectivamente un asunto de privados y no un derecho fundamental que el Estado debe garantizar.
Por supuesto, como también era de esperar, la discusión en la emergencia se puso difícil y en algunos casos agresiva. Desde Vía Libre repudiamos toda forma de agresión a cualquiera de las partes de este debate.
Es indispensable entender que si un autor o autora pide en un grupo que no se comparta su obra, insultar no es la salida.
Lamentablemente, la experiencia nos dice que este debate se juega más en las tripas que en la evidencia y que tristemente, el sector más vulnerable de la cadena productiva de la propiedad intelectual tiene una perspectiva complicada. La gran mayoría (no vamos a generalizar) se ha formado en el tema escuchando el discurso de la industria cultural. Es fácil pensar que los responsables de que los autores no ganen un sustento digno con su obra somos los que copiamos sus libros sin permiso. Nada más alejado de la realidad.
No hay evidencia alguna que permita afirmar que los libros que se divulgan de manera digital no autorizada perjudican las ventas de ejemplares impresos. Es más, suele ocurrir que aquellos libros que más se comparten son efectivamente los que más se venden. Las ventas de libros dependen más del estado de situación de la economía en general que de la posibilidad o no de reproducirlos digitalmente y compartirlos.
Los países con industrias editoriales más sólidas son, justamente, aquellos en los que hay más y mejores flexibilidades al derecho de autor. Sin ir más lejos, EEUU y Europa cuentan con un número importante de flexibilidades a favor de bibliotecas, estudiantes, investigadores, personas con discapacidades e incluso cláusulas que habilitan ciertos usos comerciales amparadas en el uso justo de una obra.
La sistemática negativa de las cámaras del sector editorial, así como las entidades de gestión colectiva a dar una discusión rigurosa y bien fundada sobre las tres patas fundamentales del derecho a la cultura y su protección por la vía legal nos han traído a este momento en el cual la ciudadanía reivindica su derecho a leer, su derecho a estudiar, su derecho a compartir.
La ley de propiedad intelectual es tan estricta en Argentina que nadie está en condiciones ciertas de respetarla a rajatabla. La pandemia nos puso cara a cara frente a esta realidad. Y los autores que demandan que no compartan sus obras no son personas a las que haya que insultar, son personas con las que antes que nada, tenemos que aprender a conversar. Bienvenida/os al debate... Los que llevamos décadas tratando de construir una política pública de derechos culturales tenemos mucho para aportar.
Beatriz Busaniche
Fundación Vía Libre
